La UCI y el Gobierno español, enfrentados tras la cancelación de La Vuelta

La suspensión de la última etapa de La Vuelta a España 2025 en Madrid sigue generando un fuerte terremoto político y deportivo. Lo que comenzó como una jornada de protesta por la participación del equipo Israel-Premier Tech derivó en un cruce de acusaciones entre la Unión Ciclista Internacional (UCI) y el Gobierno español, que ya se ha convertido en uno de los grandes focos de debate en los últimos días.

La chispa: la etapa final cancelada

El pasado domingo, las manifestaciones contra la presencia de la escuadra israelí en la carrera hicieron imposible garantizar la seguridad del recorrido de la etapa 21. La organización optó por suspender la jornada, privando al maillot rojo de su tradicional paseo triunfal por las calles de Madrid. Desde entonces, el asunto ha trascendido lo puramente deportivo y ha pasado a dominar la agenda política y mediática.

La respuesta de la UCI

Tras varios días de silencio, la UCI rompió ayer su mutismo con un comunicado especialmente duro. En él, señalaba directamente al Ejecutivo español:

“Lamentamos que el presidente del Gobierno y miembros de su gabinete hayan respaldado acciones que entorpecieron el normal desarrollo de la competición, llegando incluso a mostrar simpatía hacia los manifestantes. Esta postura contradice los valores olímpicos de unión, respeto y paz”, afirmaba el texto.

La nota iba más allá, acusando al Gobierno de “instrumentalizar el deporte con fines políticos”, una acusación poco habitual en la diplomacia deportiva y que ha encendido aún más los ánimos.

La contraofensiva del Consejo Superior de Deportes

La réplica llegó en cuestión de horas. El Consejo Superior de Deportes, a través de una carta firmada por su presidente, defendió el derecho a la protesta, sobre todo “cuando se trata de causas relacionadas con los derechos humanos”. Además, reprochó a la UCI su silencio respecto a la guerra en Gaza, acusándola de “blanquear con el deporte la represión que se está cometiendo”.

La respuesta también recalcaba la solvencia de España en la organización de eventos internacionales, citando ejemplos recientes de primer nivel, como una manera de desmontar las insinuaciones de la UCI sobre una supuesta incapacidad organizativa.

Voces críticas y

comparaciones incómodas

El comunicado del organismo internacional tampoco convenció dentro de sus propias filas. José Luis López Cerrón, expresidente de la Federación Española de Ciclismo y actual miembro de la UCI, se desmarcó en una entrevista radiofónica: “Voy a pensar que se les ha olvidado mencionar el fin de la masacre en Gaza. Lo que todos queremos es que se detenga cuanto antes”.

Además, resurge el debate de los dobles raseros: hace tres años, ciclistas y equipos rusos fueron excluidos de inmediato tras la invasión de Ucrania, mientras que en el caso de Israel no se ha aplicado el mismo criterio. La UCI justifica su postura en que el Comité Olímpico Internacional no ha emitido ninguna orden de veto.

Un conflicto con ramificaciones mayores

Más allá del ciclismo, el enfrentamiento puede tener consecuencias en otros ámbitos. La sombra de la candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos al Mundial de Fútbol 2030 planea sobre la polémica, ya que la UCI está presidida por David Lappartient, quien también se postula como futuro presidente del COI.

Lo cierto es que la tensión no parece que vaya a enfriarse a corto plazo. De hecho, ya se han producido protestas similares en otras pruebas, como el GP de Montreal, donde hubo siete detenidos, aunque sin alterar el transcurso de la carrera.

17 sep. 2025